Jueves 20 de Julio del 2017
EL GOBIERNO Y EL PROGRAMA DE DD.HH

 

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De acuerdo a la edición electrónica del diario La Nación, ayer fueron ocupadas las oficinas del llamado "Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior" por parte de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), para protestar en contra del ministro al que acusan de desidia por cuanto

Al respecto, es posible señalar que el Subsecretario del Interior, hasta ayer ministro subrogante, es el superior directo y responsable de los actos que realiza el "programa" en cuestión, cuya independencia y desprecio hacia la autoridad de la que supuestamente depende ha dejado en evidencia en forma repetida durante el presente año, cuando consiguió citar a declarar como inculpados en juicios de DD.HH. a un Subsecretario, a un Alcalde y a un Embajador del propio gobierno, poniéndolo en ridículo mientras recibía los aplausos del mundo socialista.

Cabe recordar que dicho "programa"

Este agónico aliento, solo permitirá que el "programa" exista hasta que entre en funciones el nuevo Instituto de los DD.HH., oportunidad en que debiera desaparecer en forma automática para dejar de involucrar al gobierno en actos de revanchismo político públicamente reconocidos y que en la práctica

Entretanto, un número indeterminado de ex - uniformados sigue viviendo su vida en paz, sin afectar la vida de nadie, sin agitar masas ni provocar conflictos y sin sospechar siquiera la avalancha de acusaciones que se cierne sobre ellos por hechos en los que participaron hace casi cuarenta años y que jamás pudieran haber asociado con actos ilegales, por estar convencidos de hacer lo correcto en cumplimiento de su Deber Militar, mientras desarrollaban tareas propias de grados subalternos, durante un período de excepción constitucional que establecía la existencia de un estado de guerra interna. Lo curioso y sorprendente es que las acusaciones en su contra deberían ser patrocinadas ni más ni menos que por el mismo gobierno al cual recién ayudaron a triunfar con su voto y al que aplaudieron por destronar al socialismo.

El subsecretario, en su calidad de ministro subrogante, destinó más de una hora a escuchar las recriminaciones y exigencias de la AFEP, dedicando un tiempo especialmente valioso y escaso para quien se encontraba ejerciendo circunstancialmente dos cargos en uno y que vive normalmente tan ocupado que ni siquiera ha dispuesto de un momento para responder las cartas enviadas por los militares encarcelados que piden la clemencia y consideración a que cualquier chileno tiene derecho. A pesar de ello y de que jamás él o su jefe se han dignado atender ninguna de las reiteradas solicitudes de audiencia de las organizaciones de militares en retiro, el Ministerio del Interior ha acordado sostener una nueva reunión durante la próxima semana, con esta agresiva agrupación.

Sabido es que la ambición humana es enorme, pero en el caso de las agrupaciones de DD.HH. ella pareciera no tener límite. Cada peso "reparador" de los miles de millones que han recaudado hasta ahora se comporta en la práctica como una suerte de carbohidrato mágico que les aumenta el apetito, haciéndolos desear más y más dinero y beneficios, sin conseguir saciar su ansiedad inagotable. Cuando pasen los años, más de alguna investigación periodística mostrará al mundo la forma en que se han dilapidado enormes recursos del Estado de Chile para beneficiar a unos pocos, financiándoles jugosas indemnizaciones, pensiones, becas, etc., a partir de supuestas o inexistentes relaciones de parentesco, vínculos con "detenidos-aparecidos" o simplemente victimización sustentada por historias falsas. Todo ello, orientado solo hacia un lado del muro, ya que a pesar de hablar de "víctimas de la violencia política", jamás se ha entregado reparación alguna a las viudas e hijos de los uniformados asesinados por los terroristas.

Tal parece que los recursos financieros sobran para estos fines, llamando particularmente la atención la disposición del gobierno actual para seguir escuchando y amparando los abusos jurídicos que se han cometido en contra del sector uniformado, al cual el mundo socialista asigna la responsabilidad exclusiva por el fracaso de la utopía revolucionaria de Allende. Sin "querer – queriendo", el gobierno actual sigue escuchando y sosteniendo a los grupos de presión que

En perfecta sincronía con la inconsecuencia descrita, las autoridades de gobierno del sector justicia siguen actuando hacia los militares en prisión con el mismo rigor injustificado y desproporcionado que sus antecesores concertacionistas, negando sistemáticamente a éstos el acceso a los beneficios carcelarios establecidos en nuestro ordenamiento jurídico para condenados que han cumplido la mayor parte de sus penas o que se encuentran gravemente enfermos.

Tal parece que el gobierno actual quisiera evitarse cualquier problema con el mundo de los DD.HH. Las actuaciones observadas en algunos de sus personeros y su negativa a dar una solución definitiva al vergonzoso tema de los presos políticos militares, pareciera indicar que el destino de éstos pretende ser capitalizado por el Ejecutivo como una suerte de moneda de cambio o mecanismo de alivio de presión a utilizar cuando sea necesario negociar con quienes les pudieran complicar la vida. Es claro para el gobierno que los militares no saldrán a la calle a tirar piedras ni a quemar autos, por lo que no los consideran como un grupo que pueda afectar su imagen política. Sin embargo, la masa crítica de la familia militar y las simpatías que su situación genera en un sector cada vez mayor de la sociedad, sí pueden hacer sentir su peso en alguna elección. Si no lo creen, pregúntenle al PRI en las municipales del 2008.

desde hace más de 7 meses no se ha presentado ninguna querella por ejecutados políticos por parte del Programa. Dentro del juego político tradicional de nuestra particular democracia este hecho podría pasar desapercibido, salvo por dejar en evidencia que la asimetría y el doble estándar continúan gobernando el destino de los chilenos, como en los mejores tiempos de la Concertación. ?sustentado por la Ley 19.123 que en 1992 creó la Corporación de Reparación y Reconciliación y fijó su extinción para el 31 de Diciembre del año 1996? siguió actuando sin respaldo legal durante los años siguientes, litigando con pasión para encarcelar a gran cantidad de militares, al amparo de los sucesivos gobiernos de la Concertación. Así operó hasta que en Noviembre del 2007 y con la anuencia de los partidos de la oposición de ese entonces se aprobó la ley que creó el Instituto de los DD.HH., incluyendo a última hora en ella un artículo transitorio que valida de dudosa forma la existencia del programa y su dependencia del Ministerio del Interior. ?junto con encarcelar a cientos de militares? sirven para que sus beneficiarios se generen atractivas oportunidades económicas. El reclamo actual de la AFEP estaría indicando que la "productividad del negocio" se puede ver amenazada con una merma importante en sus ingresos y beneficios, a raíz de la aparente interrupción del flujo de denuncias. ?junto con avanzar en su tarea de penetración y consolidación ideológica? buscan mantener el tema en la agenda nacional, impidiendo que se cumpla la aspiración de la mayor parte de una sociedad que sólo desea progresar en paz y dejar de soportar la majadera cantinela de los DD.HH.

El asunto es que

?desde el momento en que las actuales autoridades llegaron al gobierno? adquirieron la obligación de velar por el bienestar y por la justicia igualitaria para todos los chilenos, no sólo para quienes ejerzan una presión política o amenacen con agitar aguas a partir de su vocación de violencia. De no cumplir con dicha obligación, se exponen a caer en la misma inmoralidad de que hicieron gala sus predecesores.

18 de Noviembre de 2010

Patricio Quilhot Palma